¿Qué significa que se reconoce la iniciativa pública en la actividad economica?
La iniciativa pública en la actividad económica se refiere al reconocimiento y apoyo que el gobierno brinda a la participación y emprendimiento estatal en la economía de un país. Esto implica que el gobierno promueve y fomenta la creación y desarrollo de empresas de propiedad pública, así como la toma de acciones e inversiones por parte del sector público en diferentes áreas económicas.
La iniciativa pública juega un rol importante en la economía, ya que busca garantizar el bienestar y el desarrollo de la sociedad en su conjunto. A través de la participación estatal en la actividad económica, se busca asegurar la provisión de bienes y servicios esenciales, así como promover la generación de empleo y el crecimiento económico.
El reconocimiento de la iniciativa pública implica que el gobierno establece políticas y regulaciones que favorecen la participación estatal en la actividad económica. Esto puede incluir la implementación de programas de financiamiento y apoyo a emprendimientos estatales, la creación de entidades y empresas de propiedad pública, así como la adopción de medidas para promover la inversión y el desarrollo de proyectos de interés público.
Además, el reconocimiento de la iniciativa pública implica también el fortalecimiento de los mecanismos de control y supervisión del sector público en la actividad económica. Esto garantiza la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos, así como la protección de los intereses de la sociedad en general.
En resumen, el reconocimiento de la iniciativa pública en la actividad económica implica el reconocimiento y apoyo del gobierno a la participación estatal en la economía, con el objetivo de promover el bienestar y el desarrollo de la sociedad. Esto implica la implementación de políticas, programas y regulaciones que fomenten la creación y desarrollo de empresas de propiedad pública, así como la adopción de medidas para promover la inversión y el desarrollo de proyectos de interés público.
¿Qué quiere decir el artículo 128 de la Constitución?
El artículo 128 de la Constitución define uno de los principios fundamentales de la economía en nuestro país. En este artículo se establece que "toda la riqueza y todos los recursos naturales de Perú pertenecen al Estado". Esto significa que el Estado tiene el control y la propiedad de todos los recursos naturales presentes en el país, así como de la riqueza generada a partir de ellos.
El artículo 128 también establece que "la ley fija las condiciones para el aprovechamiento de los recursos naturales, sin perjuicio de una justa retribución a las comunidades campesinas y nativas que participen en la explotación de dichos recursos". Esto significa que, si bien el Estado tiene el control de los recursos naturales, las comunidades que participen en su explotación deben recibir una compensación justa por su participación.
El objetivo principal del artículo 128 es garantizar que el Estado pueda utilizar los recursos naturales para el beneficio del país y sus habitantes. Esto implica la responsabilidad de promover el desarrollo económico sostenible, así como la protección y preservación del medio ambiente. Además, el artículo destaca la importancia de compensar a las comunidades que participan en la explotación de los recursos naturales, reconociendo su contribución al desarrollo del país.
En resumen, el artículo 128 de la Constitución establece que el Estado tiene el control y la propiedad de todos los recursos naturales y la riqueza generada a partir de ellos. También establece que las comunidades nativas y campesinas que participen en la explotación de dichos recursos deben recibir una justa retribución. Este artículo busca garantizar el desarrollo económico sostenible, la preservación del medio ambiente y reconocer la contribución de las comunidades al desarrollo del país.
¿Qué dice el artículo 31 de la Constitución Española?
El artículo 31 de la Constitución Española establece los principios fundamentales de la fiscalidad en España. En este artículo se recogen los deberes y derechos de los ciudadanos en relación con los impuestos y las contribuciones económicas que deben realizar al estado.
El artículo 31 establece que todos los ciudadanos tienen el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica. Esto significa que cada persona debe pagar impuestos en función de sus ingresos y patrimonio.
Además, este artículo también destaca la importancia de la equidad en la distribución de la carga impositiva. Esto implica que los impuestos deben ser justos y proporcionales, es decir, que aquellos que tienen mayores recursos económicos deben contribuir más al estado que aquellos con menos recursos.
Otro aspecto que se destaca en el artículo 31 es la prohibición de arbitrariedad en la aplicación de los impuestos. Esto significa que el estado no puede imponer impuestos de forma caprichosa o discriminatoria, sino que debe hacerlo de acuerdo a las leyes y normas establecidas.
Por último, este artículo también establece que el sistema tributario debe ser eficiente. Esto implica que la gestión y recaudación de los impuestos deben ser realizadas de manera efectiva, garantizando la transparencia y la correcta utilización de los recursos económicos obtenidos.
En resumen, el artículo 31 de la Constitución Española establece los principios fundamentales de la fiscalidad en España, destacando la importancia de la capacidad económica, la equidad, la prohibición de la arbitrariedad y la eficiencia en el sistema tributario.
¿Qué dice el artículo 87 de la Constitución Española?
El artículo 87 de la Constitución Española establece las competencias del Gobierno y el Parlamento para la aprobación de leyes.
Según el artículo 87, el Gobierno tiene la facultad de - previa autorización del Congreso de los Diputados- legislar en determinadas materias mediante Decretos-Leyes en situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. Estos decretos tienen rango de ley y deben ser convalidados por el Congreso en un plazo máximo de 30 días.
Asimismo, el artículo 87 establece que el Gobierno puede -igualmente con autorización del Congreso- legislar a través de Decretos Legislativos en aquellas materias que sean objeto de armonización de las disposiciones legales de las comunidades autónomas. Estos decretos tienen rango de ley y deben ser convalidados por el Congreso en un plazo máximo de 30 días.
Por otro lado, el artículo 87 establece que el Parlamento tiene el poder de convalidar o derogar los Decretos-Leyes y Decretos Legislativos aprobados por el Gobierno. Además, el Parlamento también tiene la capacidad de solicitar al Gobierno la elaboración de proyectos de ley para la regulación de determinadas materias. Estos proyectos de ley son sometidos a la aprobación del Parlamento y tienen rango de ley una vez promulgados.
En resumen, el artículo 87 de la Constitución Española establece las competencias del Gobierno y el Parlamento en la aprobación de leyes mediante Decretos-Leyes, Decretos Legislativos y proyectos de ley, y también regula el proceso de convalidación y derogación de dichas normas.
¿Quién tiene la iniciativa de la reforma constitucional?
La iniciativa de la reforma constitucional en un país recae en diferentes actores dependiendo del sistema político establecido. En algunos casos, el poder para proponer cambios a la Constitución está reservado exclusivamente al Parlamento o al Congreso, mientras que en otros es compartido con el Poder Ejecutivo o con la ciudadanía.
En las democracias parlamentarias, la iniciativa de la reforma constitucional suele corresponder al Parlamento. Los legisladores, como representantes del pueblo, tienen la potestad de presentar proyectos de ley para modificar la Constitución. Estos proyectos deben seguir un proceso establecido y ser discutidos y aprobados por una mayoría calificada en el Parlamento.
En sistemas presidenciales, la iniciativa de la reforma constitucional puede ser compartida entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento. El presidente, como jefe de Estado, tiene la facultad de presentar propuestas de modificación constitucional, las cuales deben ser debatidas y aprobadas por el Parlamento. Sin embargo, en estos sistemas también es común que los legisladores tengan el poder de proponer cambios a la Constitución.
En algunos países, la iniciativa de la reforma constitucional también puede recaer en la ciudadanía. A través de mecanismos como los referendos, los ciudadanos pueden proponer y votar sobre cambios a la Constitución. En estas ocasiones, se requiere de una cantidad determinada de firmas para que una propuesta de reforma constitucional sea sometida a votación popular.
En resumen, la iniciativa de la reforma constitucional puede recaer en el Parlamento, en el Poder Ejecutivo, en la ciudadanía o puede ser compartida entre varios actores en función del sistema político de cada país. Cada uno de estos actores tiene un papel importante en la elaboración y aprobación de cambios a la Constitución, garantizando así la participación y representatividad en el proceso de reforma constitucional.